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Quito, 29 may (PL) El cuarto Encuentro Latinoamericano de profesionales de la Seguridad y Prevención de Lavado de Activos concluirá hoy en la ecuatoriana ciudad costera de Guayaquil, con la participación de destacados expertos en el tema a nivel mundial.

Según informes de las Naciones Unidas, en este país circulan al año alrededor de dos mil 500 millones de dólares anuales proveniente de actos ilícitos, comentó el director general de la Unidad de Análisis Financiero de Ecuador (UAF), Gustavo Iturralde.

Por ese concepto, países como Perú registran movimientos anuales que bordean los 10 mil millones de dólares, afirmó Carlos Hamman Pastorino, expresidente del Grupo de Acción Financiera Internacional de Suramérica (Gafisud).

El experto destacó el avance de Ecuador en la lucha para prevenir el lavado de dinero, a través de nuevas normas y señaló que es muy difícil que todo el delito se dé en un solo país, pues el dinero ilícito no se va a lavar en el mismo lugar.

El personal que trabaja en la detección y prevención de lavado de dinero debe ser capacitado y entrenado, subrayaron los especialistas, tras sugerir la conexión y coordinación permanente con otros países para hacer más efectivo el trabajo.

Iturralde declaró a la agencia pública Andes que la reforma al Código Penal ecuatoriano apunta a garantizar adecuadas sanciones para quienes cometan el delito de lavado de dinero proveniente de actos ilícitos.

El proyecto de Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos contempla como autónomo este tipo de delito, el cual ya no dependerá de otros vinculados previamente, tales como, narcotráfico o tráfico de personas, entre otros.

Pese a dicho avance, precisó, la ley mantiene un freno, pues para que un juez o fiscal determine el delito de lavado de dinero, se tiene que demostrar fehacientemente, y por ello muchos casos quedan en la impunidad, debido al amplio contexto de dicho término.

Ante esto, Iturralde aseguró que en el proyecto del Código Penal Integral (CPI), la palabra fehaciente ha sido remplazada y se establece que simplemente deben haber suficientes elementos de convicción para sancionar estos ilícitos, con lo cual facilita llevarlo a la justicia.

Al menos 20 segmentos económicos en Ecuador están obligados a reportar movimientos inusuales de dinero a las autoridades, cuándo el beneficiario sea una sola persona por montos que superen los 10 mil dólares o por movimientos financieros anormales.

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