“A nosotros se nos presentaron cuatro o cinco oferentes diciendo cuánto les cuesta tener las firmas para que ustedes no caminen, pero ¿de dónde sacamos la plata?, nos valía como 200 mil dólares”, dijo la asambleísta Lourdes Tibán hace pocos días, evidenciando un hecho que no fue denunciado a tiempo por la legisladora, relacionado con la recolección de firmas para inscribir partidos o movimientos políticos en el CNE.
Hoy 3 de agosto, en una cadena televisiva, la parlamentaria hizo otra afirmación grave y sin sustento, según la cual todos los partidos políticos debieron estar expuestos a esa oferta. “Deben haber ofrecido, si ofrecieron a Pachakutik (…) la gente que tiene plata ha de contratar pues”, con lo que explicó que no fue la ética ni el afán de transparencia lo que obligó –según su testimonio- a no aceptar el “servicio”, sino la supuesta falta de dinero para costear la transacción.
Incluso afirmó que personalmente no ve ningún problema en contratar esta modalidad, sin develar el nombre de las empresas oferentes que acudieron a ofrecerle este trabajo.
Entonces, si el partido que lidera Tibán tenía el monto, ¿contrataba el servicio?.
La última gestión que la asambleísta Lourdes Tibán hizo en torno a la presentación de firmas falsas al Consejo Nacional Electoral, fue enviar una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunciando un “golpe electoral” en Ecuador.
Según esta misiva el Gobierno estaría orquestando una estrategia cuya finalidad es eliminar movimientos o partidos para la lid electoral.
Aunque ha dicho públicamente que como movimiento político no se opone a la verificación de firmas, más de una vez ha cuestionado el proceso que lleva a cabo la entidad electoral, con la finalidad de transparentar las miles de irregularidades registradas.
Y de hecho, este 2 de agosto, su movimiento no permitió que se revisen las firmas por parte del ente electoral, aduciendo poca confianza en el proceso, lo que se suma al pedido de un juicio político en contra de los funcionarios del CNE por incumplimiento y negligencia en el proceso de inscripción de los partidos y movimientos políticos. /SD El Ciudadano
