En la gráfica, Antonio Vargas (i) y Mario Conejo (d). Foto: cortesía

La utilización de firmas falsas ha sido una práctica a la que han recurrido actores sociales en diferentes procesos electorales, en un intento por inscribir un movimiento, partido político, o para buscar la legitimación ante los organismo respectivos.

En el actual proceso de inscripción de partidos, el Consejo Nacional Electoral (CNE), tras realizar la revisión del 10% de las rúbricas presentadas, reveló que Pachakutik, brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), tenía el 55,3% de inconsistencias en las firmas entregadas, práctica ya conocida por el movimiento.

En el año 2000, luego del derrocamiento del expresidente del Ecuador, Jamil Mahuad,  la Conaie, liderada por Antonio Vargas, planteó la realización de una consulta popular para que los ecuatorianos dispongan el cese de funciones de los diputados, de los jueces y la suspensión del pago de la deuda externa, entre otros.

Sus dirigentes presentaron más de un millón de firmas de respaldo, de las cuales únicamente fueron aceptadas al rededor del 28%, por la existencia de rúbricas adulteradas, falsificadas y acompañadas de otros inconvenientes.

Dos años después, el mismo Antonio Vargas fue acusado de  inscribir su partido político Amauta-Jatari con firmas falsas, por lo que el entonces Tribunal Supremo Electoral (TSE) no aceptó su candidatura  

El líder indígena apeló esta resolución ante el Tribunal Constitucional (TC) argumentando que era víctima de una discriminación racista. El organismo aceptó el pedido por considerar que había suficientes firmas para su inscripción. Uno de sus vocales, Hernán Rivadeneira, del partido Socialista, manifestó que la verificación de la validez de las rúbricas no podía hacerse mediante observación, como lo hizo el TSE.

Actualmente, la verificación de inconsistencias en el registro de partidos y movimientos políticos le ha llevado al Consejo Nacional Electoral (CNE) a realizar la verificación del 100% de firmas presentadas.

La Fiscalía informó el pasado 7 de agosto que, hasta esa fecha se habían recibido 21.053 denuncias de ciudadanos por encontrarse ilegalmente afiliados o adherentes a diferentes tiendas políticas.

El titular del Ministerio Público, Galo Chiriboga, manifestó que esta indagando las responsabilidades en tres presuntos tipos de acciones penales: entrega de información falsa al CNE, adulteración de firmas y demás información reservada; finalmente la comercialización fraudulenta de base de datos privados de los ciudadanos.

El presidente de la República, Rafael Correa, calificó al hecho como uno de los mayores fraudes políticos de la historia del Ecuador.

ANDES

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