Publicado por: | Fecha: domingo 23 de agosto del 2009

Conforme dispone el convenio referido para los casos de repatriaciones activas, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cubrió todos los costos generados por el traslado de Sandra Enríquez y de los funcionarios que la escoltaron, excepto la multa que fue cubierta por el Secretaría Nacional del Migrante (SENAMI).

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos efectuó la repatriación de una ciudadana ecuatoriana para cumplimiento de sentencia en nuestro país. Se trata de Sandra Maribel Enríquez Burbano, quien se encontraba en la cárcel de Santa Mónica, en el Callao, Perú. Esta acción se dio en ejercicio de las atribuciones que le corresponden a este Ministerio como autoridad central del Convenio a Personas Condenadas entre la República del Ecuador y la República del Perú, en vigencia desde Mayo de 2000.

Enríquez deberá cumplir los nueve años de condena que le restan, en la ciudad de Tulcán, de donde es oriunda. Al momento de arribar al aeropuerto Mariscal Sucre de la ciudad de Quito, este viernes, la compatriota se reunió brevemente con su hija de tres años; quien podrá ahora visitar a su madre de manera periódica.

Conforme dispone el convenio referido para los casos de repatriaciones activas, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cubrió todos los costos generados por el traslado de Sandra Enríquez y de los funcionarios que la escoltaron, excepto la multa que fue cubierta por el Secretaría Nacional del Migrante (SENAMI).

Esta es la primera repatriación activa en aplicación del convenio con el Perú. El objetivo principal de la gestión es facilitar la reinserción de la persona, al cumplir su sentencia en un lugar cercano a su familia y grupo social. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos estudia también varios casos de ecuatorianos que han solicitado el retorno a su país para el cumplimiento de las penas.

Además, esta Cartera de Estado tramita las repatriaciones de ciudadanos extranjeros que cumplen penas en Centros de Rehabilitación Social del Ecuador y que han pedido ser devueltos a sus países de origen. El último caso fue del ciudadano holandés Petrus Johaness Scheur, el pasado 20 de julio de 2009.

Fuente: Presidencia de Ecuador.