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El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad ciudadana.

PRESENTAMOS UN ESTUDIO REALIZADO POR MARKET S.A. EN MANABI Y A NIVEL NACIONAL.

 Además de las mencionadas, deben tomarse en cuenta la crisis del sistema carcelario, la evidente corrupción en la Policía y en el sistema de  Justicia que garantiza la impunidad de los malhechores, la falta de una política de Estado definida en materia de seguridad interna; así como, el deterioro de los valores fundamentales y las normas de convivencia de las personas.

 Preocupan los hechos ocurridos en las ciudades y pueblos del país. Las personas, cansadas de ser víctimas de una delincuencia cada vez más desvergonzada y peligrosa, escogen opciones como el portar armas de fuego, con o sin permisos militares, y tomarse la justicia por mano propia, ante la presencia de policías que no garantizan la presunción de inocencia de los sospechosos hasta que se demuestre lo contrario mediante un proceso justo y una sentencia.

 Ante la ineficacia de las fuezas del orden, la sociedad civil pasa de víctima a victimaria, con hechos propios de prácticas medievales, como los linchamientos públicos.

 El problema de la inseguridad se debe finalmente al agudo deterioro que acusan las instituciones ecuatorianas llamadas a  garantizar el bienestar, el convivir pacífico y el respeto de las personas, lo que ha originado la proliferación de vallas, rejas, alarmas y guardias privados.

A escasos cinco meses de que termine el actual Gobierno, resulta inoficioso pedirle que tome medidas efectivas para disminuir el incremento de los índices delincuenciales. El Régimen apenas sobrevive con la esperanza de arribar a enero de 2007, sumido en declaraciones líricas de corte nacionalista y abstraido de los problemas reales de la gente: empleo, salud, educación y seguridad, no solo jurídica, sino de la que permite transitar y trabajar sin miedo a ser blanco de todo tipo de maleantes, pandillas y bandas delictivas. ¿Es esto pedir mucho?