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Grupo Salinas.

Solo en el caso de MCCHM, la facturación anual es de aproximadamente $15 millones, según indicó Tapia en el marco de la Feria y Foro de Comercio Justo que se llevó a cabo la semana pasada, en Quito.

MCCH, Camari y el Grupo Salinas son algunas de las organizaciones más fuertes.

En caso de ser aprobada la nueva Constitución se pasaría del modelo de la economía social de mercado a la economía social y solidaria. Sin embargo no hace falta que la nueva Carta Magna esté vigente para que este tipo de economía ya se aplique a escala nacional. Y es que el comercio justo es parte de lo que se denomina economía solidaria. Según Rubén Tapia, director ejecutivo de la Red Latinoamericana de Comercialización Comunitaria (Relacc), el Ecuador tiene un gran potencial en comparación con otros países de la región.

El movimiento de este mercado, que comenzó hace 30 años en el país, alcanza cifras cercanas a los $30 millones, solo en relación a las ventas de organizaciones como Maquita Cushunchic MCCH (185 organizaciones), Grupo Salinas de Guaranda (40 empresas comunitarias), Sinchi Sacha, Camari (150 organizaciones) entre otras.

Solo en el caso de MCCHM, la facturación anual es de aproximadamente $15 millones, según indicó Tapia en el marco de la Feria y Foro de Comercio Justo que se llevó a cabo la semana pasada, en Quito.

La clave para que los productores logren incrementar sus ingresos es la asociatividad. Y eso lo tienen claro 230 campesinas de Azuay, que bordan diseños y los exportan a los EEUU. Según Silvia Sangucho, colaboradora del Centro de Bordados de Cuenca, estas mujeres campesinas encontraron un nicho de mercado para sus productos en los migrantes que se encuentran en el país de Norteamérica.

Sin embargo, para Tapia uno de los grandes desafíos de esta como de otras organizaciones de comercio justo está en generar los volúmenes necesarios para la exportación y mejorar la calidad de los productos.

Precisamente este es uno de los principales retos que tiene al momento el proyecto Poder que agrupa a 18 empresas y seis consorcios ubicados en las ciudades de Ambato y Riobamba. De acuerdo con Omar Cajas, asistente de monitoreo de esta iniciativa, al momento solo exportan brócoli, aunque tienen otros productos para completar su oferta exportadora, por lo que esperan no obstante poder cumplir con las normas de calidad. Mientras otros consolidan sus ventas a escala local. Como es el caso del grupo Makichurayv, ubicado en las afueras de Quito. Esta organización, formada por 10 familias, cultiva y comercializa productos orgánicos procesados y no. Al momento cuentan con una variedad de 130 productos. Para Ángel Taipe, representante de este grupo, las ventas pueden sumar mensualmente entre $300 y $400, dinero que se lo reinvierte en insumos y para pagar algunos gastos.

La ventaja es que las familias venden directamente al consumidor y con ello evitan lidiar con intermediarios y así encarecer el producto. Pero además estas familias no solo tienen un ingreso por esta actividad sino que los productos sirven para el autoconsumo. "Ahora, lo que resta es educar al consumidor ecuatoriano para que consuma productos cultivados o fabricados bajo el sello de comercio justo", concluyó Tapia.