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Familiares de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales en territorio colombiano,  conocidas como "falsos positivos", aseguraron que acudirán a la Corte Penal Internacional (CPI) para exigir justicia por los crímenes, tras la decisión de un juez de liberar a 17 militares investigados por estos casos.

La directora de la Organización de Derechos Humanos Justicia y Vida, Lilia Solano, expresó este lunes que, pese a la orden presidencial de reunir en un batallón a los militares dejados en libertad en espera del esclarecimiento de los diferentes casos, los familiares de las víctimas contactarán a la CPI.

"Hemos enviado ya una carta diciendo que esta es ya una prueba de que no habrá justicia y de que tienen que activarse los mecanismos de las cortes internacionales", señaló Solano a medios de comunicación.

El pasado jueves, los militares investigados por los crímenes de la localidad colombiana de Soacha fueron liberados en vista de haberse vencido el plazo para los términos legales o tiempos con los que contaban los fiscales para formalizar una acusación y enjuiciarlos.

Solano calificó como una "estrategia perversa" la que empleó la defensa de los uniformados para llegar al vencimiento de términos.

"Ni la sociedad ni la comunidad internacional van a aceptar que en este caso queden en la impunidad los crímenes de estos muchachos", agregó.

En tanto, el candidato a la presidencia por el Polo Democrático Alternativo (PDA), Gustavo Petro, indicó este lunes a periodistas que la Fiscalía incurrió en un error al procesar a los 17 uniformados por homicidio tratándose de un delito de lesa humanidad.

"Una vez se demuestre que la justicia colombiana no quiere o no puede (...) entonces entra la justicia complementaria", añadió el líder político.

Petro destacó que la muerte de cientos de jóvenes bajo la responsabilidad de oficiales del Ejército colombiano es "indudablemente un delito de lesa humanidad" por lo que la Corte Penal Internacional puede tener competencia en este caso.

Este domingo, el Ministerio de Defensa de ese país ordenó a los 17 militares investigados, presentarse en un batallón donde permanecerán recluidos mientras se esclarecen los casos pendientes.

En un comunicado, firmado por el ministro de Defensa, Gabriel Silva, y el comandante general de las Fuerzas Militares, general Fredy Padilla, se ordena la "presentación y concentración" del grupo de 17 militares, que están siendo investigados "por casos de homicidio en persona protegida".

Los cadáveres de las víctimas que fueron contactadas bajo engaño a principios de 2008, aparecieron tiempo después en fosas comunes en el noreste colombiano y estaban registrados como guerrilleros caídos en combate.

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