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Orazio J. Bellettini, Grupo FARO participará en Foro el 11 de Septiembre en el Hotel Oro Verde de Manta

“Una democracia sin ciudadanos activos no es una democracia verdadera”

El Hotel Oro Verde de Manta será sede  de este importante evento.

 
Tras 25 años de democracia, la política en Ecuador se ha ido alejando de los ciudadanos. La limitada capacidad de los políticos y de los funcionarios del Estado para responder a las más apremiantes necesidades, demandas y expectativas de la sociedad ha generado una creciente desconfianza de la ciudadanía en la capacidad de nuestras instituciones públicas para promover el desarrollo del país.

 

De acuerdo con Informe de Auditoría de la Democracia “Ecuador 2006”, preparado por la Universidad de Vanderbilt y Cedatos, el Gobierno Nacional cuenta con la confianza del 21.7% de la población, mientras que el Congreso Nacional y los partidos políticos obtienen el 16.7% y 15.1%, respectivamente. La confianza de la ciudadanía en estas instituciones no sólo es baja, sino que ha ido decreciendo en los últimos años. Así, la confianza en el Gobierno Nacional y el Congreso fue del 30.5% y el 24.7% en el 2001, respectivamente. Las dos instituciones han perdido cerca del 30% de la confianza ciudadana en apenas cinco años.

 

La escasa capacidad de las instituciones públicas para responder a la confianza ciudadana ha hecho que la sociedad civil se aleje de la política y de los asuntos públicos. El mismo informe muestra que, durante el periodo 2001-2006, la sociedad civil ha reducido su participación en actividades y organizaciones públicas. Más preocupante aún, los datos incluidos en el informe evidencian un descenso en la participación de aquellas personas que antes solían participar semanalmente en diferentes organizaciones.

 

La clara disminución del capital social pone en peligro no sólo a la calidad de nuestra democracia; sino también, a la gobernabilidad del Ecuador. Una democracia sin ciudadanos activos no es una democracia verdadera. Y un país donde sólo unos pocos participan en el proceso de deliberación e implementación de las políticas públicas no puede implementar reformas legítimas y sostenibles.

 

Por ello, las organizaciones de la sociedad civil participantes en esta iniciativa, creemos que es imprescindible devolverle la política a los ciudadanos. Esa es la única forma posible para que la deliberación y las políticas públicas respondan a las necesidades y expectativas de la ciudadanía y para que contribuyan al desarrollo del país.

 

1001 necesidades, 100 participantes, 7 propuestas

La Fundación para el Avance de las Reformas y las Oportunidades, Grupo FARO, invitó en junio de 2006 a cien organizaciones de la sociedad civil (e.g. universidades, centros de estudio, movimientos sociales, etc.) interesadas y comprometidas con los temas públicos a que nos envíen propuestas para la elaboración de políticas públicas que, desde su experiencia y especialización, consideraban deberán ser enfrentadas durante el próximo gobierno.

Se recibió veinte y cuatro propuestas sobre temas diversos como: salud, descentralización, derechos sexuales, Etc., que fueron evaluadas por un comité formado por profesionales de diferentes especializaciones, trayectorias e ideologías. En respeto a un proceso abierto, competitivo y meritocrático, el comité realizó la selección de siete propuestas basadas en criterios como: creatividad, factibilidad política y técnica de implementación, experiencia del autor(a), Etc. Sus autores a su vez, también responden a diversas experiencias y organizaciones; multiplicidad que converge en su compromiso y visión con respecto al rol que los ciudadanos debemos cumplir en torno a la promoción de nuestro derecho a vivir en una sociedad más desarrollada, equitativa, productiva y justa.

 

En la fase de elaboración, los profesionales seleccionados presentaron sus propuestas en reuniones con conocedores de sus temáticas y en talleres a las que invitamos a ciudadanos con compromiso y capacidad para enriquecer las propuestas de políticas para enriquecer las propuestas con la experiencia e ideas de diversos representantes de la sociedad civil.

 

El dedo sobre la llaga: las propuestas

 

Las propuestas de políticas públicas desarrolladas en esta iniciativa presentan un diagnóstico actualizado de la situación del sector que abordan; luego, examinan las opciones de políticas, los costos y beneficios de las diferentes alternativas y los obstáculos para su implementación; así como las estrategias para superar estas barreras.  Dada nuestra convicción de que el debate público está muy enfocado en las generalidades y no en propuestas concretas, los documentos incluyen una hoja de ruta sobre las medidas de políticas que podrían implementarse en los primeros cien días, un año y cuatro años del siguiente gobierno.

 

A continuación presentamos una síntesis de las siete propuestas desarrolladas en la iniciativa:

 

Ambiente.- La actual política petrolera, que responde a la principal fuente de ingresos del Estado, es insostenible desde el punto de vista ambiental, cultural y económico. La propuesta sugiere un nuevo modelo de desarrollo para la zona Centro-Sur de la Amazonia y, para el Ecuador en general. Para avanzar en esa perspectiva, se propone: 1) Declarar una moratoria a la expansión petrolera hacia el Centro Sur de la Amazonía; 2) Formar una comisión intersectorial de alto nivel entre entidades públicas, organizaciones de la sociedad civil y representantes de las organizaciones indígenas que habitan en la zona; 3) Acordar una Agenda de Desarrollo Sustentable del área que permita al país maximizar las posibilidades y beneficios de un desarrollo sostenible y respetuoso de la cultura y el ambiente, así como la conservación de la biodiversidad en el Centro Sur, a escala internacional; y, 4) Establecer una zonificación y ordenamiento territorial para el desarrollo social y económico y para la conservación de la biodiversidad del Centro Sur de la Amazonía como producto de un proceso de amplia participación; así, el país se podrá posicionar como pionero en la búsqueda de un desarrollo sustentable y equitativo. Esta ubicación permitirá que el gobierno capitalice su imagen para atraer inversiones y relaciones de cooperación bilateral y multilateral en condiciones favorables para su desarrollo soberano y de largo aliento.

 

Educación.- La cobertura en educación básica ha avanzado pero la calidad y equidad siguen siendo un desafió para el sistema educativo ecuatoriano. Según las pruebas “Aprendo”, los estudiantes asimilan una mitad en Lenguaje y un tercio en Matemáticas; además, existe inequidad en la distribución de las oportunidades educativas: el 20% más rico recibe más educación que el 20% más pobre en relación de siete a uno. Al respecto, Fundación Ecuador aporta con una propuesta de Modelo de Gestión de Gobiernos Locales para una Educación Básica de Calidad que pretende facilitar articulaciones y alianzas estratégicas entre el Ministerio de Educación y Cultura –MEC- y los gobiernos locales; el objeto, aportar al eficiente desarrollo socioeducativo de las comunidades. Para el efecto, el MEC debería: 1) Desarrollar sistemas de estándares de calidad para la educación básica y/o retroalimentar propuestas existentes; 2) Diseñar el programa nacional de capacitación a maestros; 3) Estructurar y/o fortalecer una red de apoyo interinstitucional al Plan Decenal de Educación y Modelo de Gestión Propuesto; 4) Tercerizar la capacitación docente y acreditar a los organismos competentes; 5) Diseñar instructivos de traslados de competencias a Municipios y suscribir convenios con los interesados en participar; y, 6) Aplicar un sistema de evaluación, monitoreo y medición de resultados a estudiantes y maestros, con énfasis en zonas de gestión municipal en educación.

 

Genero.- Los logros alcanzados por las mujeres ecuatorianas en el ejercicio de sus derechos humanos durante los últimos años se refieren, sobre todo, a reformas legales que garantizan su igualdad ante la Ley; sancionan la violencia intrafamiliar y establecen mecanismos para fortalecer su participación política. Además, se ha logrado su acceso equitativo a la educación, y ha mejorado su posibilidad de obtener empleo e ingresos. Sin embargo, aún quedan muchos retos pendientes, algunos de ellos, relevantes y urgentes en torno al desconocimiento e irrespeto de los derechos sexuales y reproductivos. La falta de educación, se suma a la escasez y mala calidad de los servicios públicos que, al respecto, se ofrecen a la población en general y, en especial, a las mujeres más excluidas: pobres, discapacitadas, adolescentes, indígenas y afro descendientes. Sobre el tema se propone: 1) Garantizar a la población el acceso a la información, educación, orientación, métodos y prestaciones de servicios referidos al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos; 2) Potenciar la participación informada de niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres en la toma de decisiones en torno al tema; c. Disminuir la morbi mortalidad materno-infantil; 3) Prevenir embarazos no deseados; 4) Contribuir a la prevención y detección precoz de enfermedades de transmisión sexual, de VIH/SIDA y patologías génito-mamarias; 5) Promover la educación y la salud integrales de los adolescentes incluida la sexualidad; y, 6) Erradicar la violencia y abuso sexuales en los establecimientos educativos.

 

Finanzas Públicas.- La discusión del Presupuesto General del Estado debería constituirse en el espacio que posibilite a la sociedad la discusión abierta y democrática sobre la distribución del gasto en miras a reducir las inequidades que impiden el crecimiento y el desarrollo armónico del país. Sin embargo, el presupuesto del Estado ecuatoriano tiende a ser excesivamente rígido e inflexible; así como altamente volátil. Además, el Ecuador es uno de los países con menor transparencia en la gestión de sus recursos públicos y con reducidos espacios en los que la ciudadanía pueda acompañar el proceso presupuestario y monitorear su calidad e impacto. Al respecto se propone: 1) Presentar una pro-forma presupuestaria 2007 clara y comprensible, que cumpla con la legislación vigente y restrinja la expansión del gasto corriente; 2) Dotar de transparencia y presentar a discusión pública el futuro de los subsidios energéticos; 3) Ejecutar el presupuesto de forma totalmente clara con mayor veeduría ciudadana; 4) Implementar un sistema de planificación, evaluación y control de la inversión pública con criterios técnicos que minimice la interferencia política; 5) Discutir abiertamente la relación entre: gobierno central, gobiernos locales y entidades intermedias, para lograr una descentralización responsable; 6) Crear las condiciones para reducir las preasignaciones y para proteger al gasto social; 7) Realizar una planificación de mediano plazo y presupuesto plurianual; 8) Manejar la deuda pública de forma transparente y eficiente.

Modernización del Estado.- Para avanzar hacia el desarrollo deberá contarse con un Estado eficiente, incluyente y moderno. De las instituciones publicas, las Aduanas son el organismo que cumple un papel tienen un rol clave en el desarrollo del Ecuador debido a que afectan directamente a las actividades de las empresas ecuatorianas y permiten la integración comercial del Ecuador con el resto del mundo. Por ello, se propone: 1) Remitir al Congreso Nacional un Proyecto de Ley para reformar la Ley de Aduanas como base para la modernización del sector aduanero; 2) Seleccionar, en el marco de un proceso competitivo y transparente, a un Gerente General con las suficientes fortalezas administrativas y autoridad moral para liderar la reforma aduanera; 3) Apoyar la aplicación de un estatuto especial de personal, con régimen de remuneraciones vinculados a su gestión y resultados; 4) Rediseñar una política arancelaria que no constituya un incentivo a la evasión; 5) Consolidar el sistema de gobierno electrónico en el ámbito de Comercio Exterior; y, 6) Integrar orgánicamente a las Aduanas y al Servicio de Rentas Internas.  

 

Productividad de las Pymes.- En términos de competitividad, en los últimos dos años, el Ecuador ha desmejorado su ya crítica posición competitiva, cayendo del percentil 87 en el 2004 al 88 percentil -para el Índice de Crecimiento Competitivo- en el 2005, y mejorando del percentil 91 en el 2004 al 88 -percentil para el Indicador de la Competitividad Empresarial- en el 2005; ambos indicadores son generados por el Foro Económico Mundial (FEM). En relación a sus pares andinos, el Ecuador ha desmejorado su posición de competitividad relativa frente a Colombia, Perú y Venezuela que la han mejorado. Al respecto, esta propuesta, que busca contribuir al mejoramiento de la productividad e innovación de las pequeñas y medianas empresas en el Ecuador, propone: 1) Unificar principios de administración, implementación, monitoreo y evaluación de programas de desarrollo empresarial, integración productiva, innovación y capacitación; 2) Descentralizar administrativamente las funciones del Consejo Nacional de Capacitación Profesional; 3) Descentralizar a varios operadores independientes (uno puede ser FUNDACYT), la implementación de programas de innovación empresarial, para incremento de la cobertura regional; 4) Modernizar el trámite de permisos de importación, licencias previas, permisos fitosanitarios y registros sanitarios para manejarlos en línea; 5) Diseñar e implementar programas de acercamiento universidad-empresa; entre ellos, las Pasantías Empresariales; 6) Diseñar mecanismos que fomenten la participación privada y local para mejorar la calidad de la educación secundaria; y, 7) Diseñar e implementar sistemas de información sobre la asignación de recursos por empresa o grupos de empresas a los programas de desarrollo empresarial (innovación, capacitación, e integración productiva).

 

Programas Sociales.- La política social en el Ecuador ha sido caracterizada por su escasa sostenibilidad financiera, fragmentación de sus programas sociales, utilización clientelar de sus recursos; y, deficiente coordinación con la política económica de competitividad e integración comercial. Por ello, se propone establecer un sistema de información y gestión que permita a los programas sociales proteger, efectivamente, a los más vulnerables; superar la pobreza; y, contribuir con una estrategia de crecimiento con equidad. Al respecto, se plantea implementar sistemas homologables de gestión y medición de impactos de todos los programas sociales e incorporar la participación activa de la ciudadanía en su diseño, implementación y vigilancia. Así, se requiere: 1) Definir, delimitar e implementar mecanismos transparentes para la asignación de recursos del gobierno central a gobiernos seccionales; 2) Reformar el reglamento de asignación de recursos de la cuenta CEREPS; 3) Identificar programas ineficientes y planes de transición para que los beneficiarios sean atendidos por programas de mejor desempeño; 4) Formar un Sistema Integrado de Gestión Social para implementar estrategias de medición y evaluación de impactos de la política social para avanzar hacia el consenso sobre una “Estrategia de Desarrollo Económico-Social Integrada”.

 

En la búsqueda de consensos definitivos

 

La iniciativa contempla la presentación de los documentos a los equipos de planes de gobierno de diferentes candidatos a la Presidencia de República de manera que puedan contribuir con la elaboración de sus propuestas de gobierno. Adicionalmente, en busca de la descentralización del debate electoral, las propuestas serán difundidas en diferentes medios de comunicación y presentadas en foros a realizarse en seis provincias del Ecuador.

 

De esta forma, se propicia un espacio de diálogo de amplia e incluyente cobertura ideológica que reciba e incorpore diferentes puntos de vista, sugerencias y recomendaciones que permitan enriquecer los documentos y construir propuestas auténticamente ciudadanas.

 

Para reflexionar

 

En tiempos donde la política es percibida como el espacio de la confrontación y el antagonismo, sólo la ciudadanización de la política logrará generar espacios para un dialogo de amplia cobertura e ideológicamente incluyente. Los espacios que pueden generar los ciudadanos para alcanzar amplios acuerdos, podrían permitirnos acordar las medidas concretas  a implementarse en los primeros cien días del próximo gobierno. Estas medidas son las que permitirán sentar las bases de las reformas que se implementen en los próximos años. Creemos que hoy, más que nunca, la ciudadanía debe ejercer un rol activo en la apertura de espacios dedicados a la generación del diálogo abierto y constructivo que nos permita pensar en el país que queremos y que nos enseñe los pasos que debemos dar para construirlo.