¿Quienes Somos? Publicidad Contáctenos

De acuerdo a lo que informó Bravo, en ese período se presentaron apenas dieciocho apelaciones que aún están en trámite.

De acuerdo a lo que informó Bravo, en ese período se presentaron apenas dieciocho apelaciones que aún están en trámite.

 

La Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) confirmó hoy que 264 empresas incautadas en julio pasado al grupo Isaías pasaron definitivamente a ser propiedad del Estado. Carlos Bravo, gerente de la AGD, explicó que esta acción se concretó luego de transcurrido el plazo legal de sesenta días que tenían los anteriores accionistas para presentar recursos de apelación o reposición y así probar la real propiedad de las empresas en cuestión.

De acuerdo a lo que informó Bravo, en ese período se presentaron apenas dieciocho apelaciones que aún están en trámite, por lo que la mayoría de empresas incautadas a los Isaías entrarán ahora a un proceso de valoración y luego serán subastadas.

Algunas de las empresas que pasaron al Estado son: Ecudos S.A (Ingenio Aztra), Hotel Ramada (Guayaquil), TC Televisión, EICA (Emilio Isaías Compañía Anónima de Comercio), Seguros Rocafuerte, Editorial Luminasa Radio Súper K 800, Radio Carrousel, Cablevisión, parte del paquete accionario de Autofrancia y parte del paquete accionario de TV Cable.

En tanto, entre las empresas cuya propiedad aún no se resuelve están: Industrias Lácteas Toni, Edina, Indupesca, Plásticos Ecuatorianos, Servientrega, Corporación La Favorita, Producargo, Televisión del Pacífico (Gamavisión), Zamora Gold y otras.

El gerente de la AGD aclaró que no existe plazo ni para la valoración ni para la subasta de las empresas que ahora son parte del Estado.

No obstante, señaló que la disposición del Gobierno es que ambos procesos se cumplan en el menor tiempo posible a fin de que el Estado pueda recuperar parte del dinero que perdió en la crisis financiera y así pagar a los depositantes de los bancos que quebraron.

Bravo además garantizó la estabilidad laboral de los trabajadores de las empresas cuya propiedad asumió por el Ministerio de la Ley.

Inclusive garantizó la estabilidad de aquellos funcionarios administrativos que trabajaron con las administraciones anteriores y que una vez que sean evaluados por la AGD permanecerán en sus cargos hasta que las empresas se subasten.

“Con esto, por la fuerza de la verdad y por la fuerza de los hechos ya no debe existir duda alguna de que las medidas incautatorias que tomó la AGD no obedecieron a ningún golpe de efecto o vulneraron la libertad de expresión como se decía”, recalcó Bravo.